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Los médicos funcionarios en Castilla-La Mancha no aceptan que el gobierno los convierta en estatutarios

Así de contundente es el título, porque así de contundente es la información, un No rotundo se ha escuchado por parte de quienes tienen empleo de médicos en Castilla-La Mancha, precisamente, como funcionarios, la queja especifica es no ser convertidos en estatutarios. Desde aquí, ya hemos dado cuenta de que el plan de recortes impulsado desde el Gobierno central, ha encontrado más voces en contra que a favor, sin embargo, aún se continúa en la tarea de ahorro, y con ello, se están incorporando y dando a conocer más medidas de ajuste, con lo cual se están encontrando más personas que se oponen. Ahora, es en Castilla-La Mancha donde quienes se dedican al trabajo de médico, en calidad de funcionarios, han manifestado su descontento y oposición a una nueva medida que se quiere implementar desde el gobierno de Mariano Rajoy y desde la Generalitat de dicha comunidad autónoma. Básicamente, lo que sucedió fue que los médicos funcionarios de la región rechazaron la medida del Gobierno central, que debe aplicar el regional, para convertirlos en estatutarios, por este motivo acordaron emprender acciones de presión, con el apoyo además del otro colectivo afectado, el de los enfermeros funcionarios. El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha fue el encargado de comunicar la decisión de no quedarse de brazos cruzados ante tal situación. La disposición adicional decimosexta del Real Decreto-ley 16/2012, se creó bajo el plan de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, además de  mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones que realiza, sin embargo, aquellos que hoy tienen empleo de médicos como funcionarios opinan lo contrario. Según los profesionales sanitarios, la medida resulta una amenaza a los médicos titulares o funcionario; viola las competencias de las CC.AA; miente a los funcionarios, dado que se le aplica el calificativo de urgencia para conseguir la sostenibilidad del sistema, pero se aplaza la decisión para siete meses después; implica más gasto público y menos eficiencia, porque  debe recolocar a 10.000 médicos funcionarios; no es una medida que garantice la calidad, o la sostenibilidad del sistema y genera mucha incertidumbre acerca de cómo quedarán las pensiones de los afectados. Por todo ello, es que se piensan tomar medidas de presión, no sólo se trata de plantear una queja ante el organismo competente, sino además, recurrir a vías legales, luego de evaluar el asunto detalladamente.

Intentando organizar la jornada laboral semanal de las 37.5 horas

Esto lo anunciamos hace algunas semanas, en distintas comunidades autónomas de España se comenzará a implementar un incremento en el tiempo de trabajo en hospitales y distintos centros de salud, en realidad, lo que aumentará será la jornada semanal de cada uno de los profesionales que se dedica a trabajar en sanidad. La medida establece que la jornada laboral de quienes tienen empleo de médicos y enfermeras en hospitales públicos, aumentará un total de 2.5 horas, lo que supondrá que en lugar de las 35 horas semanales que en la actualidad deben cumplir, ahora pasen a llevar a cabo un total de 37.5. Esta medida fue rechazada por todos los sindicatos que se encargan de defender los derechos de quienes tienen trabajo en la sanidad pública. Ahora ha sido el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, quien se aseguró de dar a conocer que se está trabajando para llegar a un acuerdo con los sindicatos de la comunidad, para poder llevar la medida a cabo, de la manera más pronta y correcta posible. El consejero afirmó que se mantienen conversaciones continuas con los dirigentes de cada uno de los sindicatos que nuclean a los trabajadores de sanidad, ya sea médicos, enfermeros y auxiliares. Desde un principio, esta medida fue rechazada por los principales sindicatos, quienes se dedican a trabajar en sanidad aseguraron que de esta manera, el sector es victima de un nuevo recorte y que además esta modalidad de trabajo en hospitales públicos representará la perdida notable de numerosos puestos de empleo en el área, con lo cual traerá más complicaciones que soluciones. En tal sentido, Lasquetty tuvo tiempo de decir que el de los profesionales de la salud es un esfuerzo necesario, debido a una situación muy complicada, difícil y el peor momento para la economía de España en los últimos 50 ó 60 años. También recordó que algunos años atrás, cuando parecía que había dinero suficiente, se pasó de la jornada semanal de 37.5 horas a las 35, tratando de matizar esta medida poco feliz para los trabajadores.