La política de bajas en la enseñanza pública de Andalucía da de qué hablar

La política de bajas en la enseñanza pública de Andalucía da de qué hablar

El 2013 que ya se nos avecina parecería estar signado por un claro desconcierto en lo que acontecerá en la función pública que desarrollan aquellos que hoy tienen empleo en enseñanza principalmente. Nos trasladamos específicamente hasta Andalucía, donde un nutrido número de docentes ha participado de un a reciente encuesta sobre la enseñanza pública y una nueva normativa aprobada en referencia a la política de bajas de profesores y las conclusiones son…

Definitivamente negativas, lo que sucede es que en Andalucía se ha aprobado una normativa que se encargará de regular las bajas por incapacidad temporal por enfermedad común o accidente laboral, que no requiere hospitalización, teniendo los docentes, que acudir a dar clases pese al malestar que puedan estar sintiendo.

La encuesta realizada a quienes se dedican a trabajar de profesor en Andalucía, acerca de la nueva normativa con respecto a las bajas, la cual comenzará a regir el año próximo, indica que cerca del 90% de docentes concurrirá aun estando enfermo a dar clases. Otros interesantes resultados que ha arrojado este sondeo, indican que más del 80% de profesores cree que en realidad, esta medida implica un claro ataque a la función pública de los profesionales de la enseñanza, así como también, el mismo porcentaje está de acuerdo con que esta clase de situación sólo hace que se vea afectada la calidad educativa, sólo basta con imaginar a un docente dando clases en muletas o con una mascarilla para no contagiar a sus alumnos, para entender cuan grave resulta ser este asunto.

Un problema que se esconde de trasfondo en la nueva normativa aprobada en Andalucía, en cuanto a las bajas docentes a causa de enfermedad o accidentes que no requiere internación, es el de la vulneración de los derechos básicos de quienes hoy tienen empleo  en escuelas de la región. Precisamente, tras la encuesta realizada al colectivo docente por este motivo, más del 95% de profesionales estuvieron de acuerdo con que esto en realidad viene a atentar claramente contra los derechos adquiridos por los profesionales desde hace tiempo. Una medida que sin dudas está dando de qué hablar y lo seguirá haciendo. ¿Tenemos esperanzas de que algo cambie?

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