Parece que dentro del Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), se cometieron algunos errores y precisamente ayer se trataron de enmendar, introduciendo algunos cambios que beneficien a quienes hoy tienen empleo en sanidad como funcionarios.

El compromiso asumido por Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fue el de garantizar los derechos obtenidos por los profesionales sanitarios funcionarios a lo largo de mucho tiempo, por tal motivo, se introdujeron correcciones en el Real Decreto, sobre puntos que ponían en peligro esos derechos.

Antes de la modificación en el decreto, la medida afectaba a médicos y enfermeros que son titulares de los servicios locales y desempeñan su actividad profesional en los servicios de salud, esto sumado al personal funcionario que se encarga de desempeñarse en instituciones sanitarias públicas.

Básicamente, la complicación que tenía la medida de pasar a quienes tienen empleo en la sanidad pública al rol de estatutarios, era que  se los obligaba  a integrarse a los servicios de salud en calidad de personal estatutario fijo o se los colocaba en órganos administrativos que no pertenecían a instituciones sanitarias públicas.

Por tal motivo, por supuesto que se presentó una oposición al Real Decreto y, entre otras cosas, Mato logró acordar con los presidentes de los Consejos Generales de Médicos y Enfermeros la modificación de la ley.

Básicamente, los aspectos negativos del hecho de pasar de funcionarios a estatutarios sin ningún tipo de garantía sobre el futuro, venía a vulnerar la seguridad jurídica de los afectados, al tiempo que se dejaba de respetar los derechos que los profesionales poseen en sus actuales puestos de trabajo en sanidad, el temor mayor era cómo esto podía repercutir en aspectos como la antigüedad y jubilación.

Los recortes en sanidad están dando mucho de que hablar y este es sólo uno de los aspectos a evaluar, pero hay numerosos más.

Todavía no podemos decir que son buenas noticias para quienes se dedican al trabajo en enseñanza, dado que quizás no se quitará por un lado, pero si se hará por el otro. En la comunidad autónomas de la Junta de Andalucía han decidido no aumentar la ratio de alumnos por aula, pero el recorte vendrá por otro lado.

Parece ser que siempre hay un pero, en este caso, el pero viene dado porque aunque no se recurrirá a uno de los recortes más criticados, que es el aumento del 20% del ratio de alumnos por aula, si se ajustará de alguna manera, y ciertamente, aquellos que hoy tienen empleo en la enseñanza, serán los más afectados.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, fue quien dio a conocer que el Gobierno andaluz recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para no implementar la reforma en enseñanza que implica el aumento de número de alumnos en las aulas de las escuelas públicas de la comunidad, sin embargo, ante el tribunal, se pedirá reemplazar esta medida de ajuste por otra, la del aumento de la jornada lectiva del profesorado.

Bajo la consigna de “preservar el sistema educativo”, Aguayo explicó que lo del aumento del ratio de alumnos por aula es opcional y por ello, en Andalucía se decidió no optar por esta alternativa, sin embargo, de algún modo deben llegar a la medida de ahorro impuesta por el gobierno central y, al parecer, la mejor forma que han hallado es aumentando la jornada lectiva de aquellos que se dedican al trabajo de maestro en la región.

El incremento de la jornada laboral de 35 a 37 horas y media semanales para el personal de la administración de Andalucía, incluido el profesorado, si figura como de obligado cumplimiento, según la consejera y por este motivo se hará caso a esta medida.

Y cuando todo es crisis, se debe apelar a alternativas creativas, ideas que traten de apaciguar o, al menos, atenuar el impacto que puede tener el hecho de la prácticamente no generación de empleo, o la pérdida de numerosas fuentes de trabajo en sectores tan importantes como la sanidad y la enseñanza.

Precisamente, con la premisa de buscarle una alternativa a la situación actual de falta de empleo en sanidad, los sindicatos que se encargan de defender a quienes se dedican a trabajar de médicos, han intentado acercar una opción para atenuar el impacto de la crisis en el bolsillo y ocupación de sus representados.

Sucede que los principales sindicatos de sanidad, CSIT Unión Profesional, CC.OO., UGT, USAE, SATSE y AMYTS le han presentado una interesante propuesta a la Consejería de sanidad de la comunidad de Madrid. La misma consiste en la generación de bolsas de empleo para aquellos que hayan participado de las oposiciones en la sanidad, que hayan participado del proceso  y que, de todas formas, se hayan quedado sin plaza.

Por supuesto que para llevar a cabo esta medida se propuso algunos detalles a tener en cuenta, uno de los más importantes fue el hecho de lo que se tendrá en cuenta para la posición dentro de las bolsas de trabajo de médicos, en tal caso, lo que se acordó es que se tome en cuenta la nota del primer ejercicio para el posicionamiento dentro de la bolsa de empleo que se genere.

De todas maneras, el freno para convocar nuevas oposiciones en la sanidad lo pone la consejería sanitaria de Madrid, dado que desde ella se asegura que aún no hay un informe de Hacienda que confirme que se podrá convocar las plazas estipuladas.

Además de convocar plazas en áreas como medicina y enfermería, desde los sindicatos se recuerda la importancia de cubrir otras áreas técnicas y auxiliares, como por ejemplo de administración.

Malas noticias para aquellos que se dedican al empleo en enseñanza en la comunidad de Asturias, porque al parecer, habrá cese de contratos para algunos interinos de aquella región.

La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha sido la encargada de dar a conocer esta mala nueva, ya que pudimos saber que aproximadamente 500 personas que se dedican al empleo de profesor en la comunidad, en calidad de interinos, podrán perder sus puestos de trabajo en escuelas a partir del próximo curso académico 2012-2013.

Aunque debemos destacar que la noticia se supo de mano del sindicato ANPE, luego de la reunión celebrada entre la titular de Educación, Ana Isabel Álvarez y la Junta de Personal Docente.

Desde el sindicato han señalado que la consejera Álvarez les ha explicado que la medida de recorte es  consecuencia del aumento del ratio de alumnos en el primer curso de Educación Infantil, dejando hasta 25 alumnos por aula, una de las medidas que, para quien no recuerda, forman parte de las reformas introducidas en enseñanza, con el fin de ahorrar en el presupuesto 2012-2013.

Más de una vez hemos hecho mención de este hecho evidente, el aumento del ratio de alumnos produciría un recorte en enseñanza, pero, precisamente en quienes tienen empleo en escuelas de España, y Asturias es una de las primeras comunidades autónomas en aplicar la medida y con ello evidenciar las primeras pérdidas de puestos de empleo de maestros.

Otro de los motivos que ha llevado a pensar que se producirá el cese de contratos de interinos, en la enseñanza de Asturias, es el aumento de dos horas lectivas para los docentes, lo que repercutirá en la plantilla de profesores, puesto que se apuntará a optimizar el tiempo y espacio de aquellos puestos fijos de trabajo en el sector docente.

Así las cosas, unos 500 interinos en Asturias quedarían sin empleo, uno de los tantos datos preocupantes de esta crisis en España.

Esto de pensar en ahorro todo el tiempo parece estar afectando cada vez más la capacidad de discernir entre los límites que cada medida implica, parece ser que este es el caso de Extremadura, allí se ha abogado por una nueva reforma en el área de sanidad y por supuesto, encontramos personas que están en contra.

El sindicato Médico de Extremadura (Simex), se ha encargado de dejar en claro su descontento con respecto a una nueva medida de ahorro que desde el gobierno regional han adoptado, con respecto al área de sanidad.

Todo se desencadenó, luego de que aquellos que se dedican a trabajar en hospitales de la comunidad, recibieran un comunicado del gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Albino Navarro, a través del mismo, este les daba a conocer una nueva medida de recorte o de “ahorro” según sus palabras. Básicamente, la reforma implica que los centros de salud de la región dejen de brindar servicio de atención primaria en horario vespertino.

Ha sido esta información la que llevó a los profesionales que tienen empleo en hospitales de Extremadura, a demostrar su disconformidad con la medida, principalmente, esgrimiendo que la decisión de la Consejería de Salud y Política Social de esta región se ha producido sin negociación alguna con el colectivo principal, es decir, con aquellos que se dedican a trabajar en centros de salud.

¿Qué se espera lograr con esta medida? Pues, básicamente, el gobierno de Extremadura estipula que siguiendo al pie de la letra este plan de dejar sin asistencia primaria a los hospitales de la región, siempre en horario vespertino, conseguirán un ahorro de alrededor de 2 millones de euros, esto según los cálculos específicos de la consejería de salud de la comunidad autónoma.

Desde el sindicato de médicos aseguran entonces, que esto sólo producirá el deterioro de la relación médico-enfermo, al tiempo que contribuirá para desprestigiar a la medicina y la calidad asistencial.

El sondeo es claro, pareciera ser que nadie está a favor de las medidas de recorte dictadas por el gobierno central español, sin embargo, también pareciera ser que no se pudiera hacer nada, ¿se puede o no se puede hacer algo? Esa es la cuestión.

No es novedad que alguien opine en contra de estos ajustes tan agudos que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, en este caso, nos ha tocado enterarnos de un colectivo bastante grande que se ha encargado de enfatizar su malestar contra las medidas de ahorro en el presupuesto para sanidad.

Aquellos que se dedican a trabajar de enfermeros en la sanidad pública, son quienes aseguraron que las medidas que se piensan implementar con el objetivo de ahorrar unos 7.000 millones de euros en la sanidad pública, son injustas y poco acertadas.

Esto se desprende de una encuesta reciente entre quienes tienen empleo en sanidad en el área de enfermería. Unos 3.000 profesionales que se dedican al trabajo de enfermero son los que fueron consultados acerca del tema del momento, es decir, los recortes y, claramente, evidenciaron su descontento con las reformas que piensan instaurar desde las distintas comunidades. Aunque el enojo principal siempre está dirigido hacia el gobierno del PP.

El Consejo General de Enfermería, ha sido el encargado de realizar esta interesante encuesta en la que se han tachado de desacertadas, insuficientes, injustas e ineficaces las medidas de reformas anunciadas en sanidad.

De esto se desprende que el 90% de los enfermeros están en contra de esta situación y que, pese a que todavía no se han implementado las reformas, esto ya ha afectado su situación laboral, dada la crisis actual, que se ha visto incluso agravada por estos anuncios tan comentados.

Lo peor aún, es que quienes tienen empleo en hospitales, en calidad de enfermeros, aseguran que lo que hoy en día acontece, los ha llevado a una posición negativa, con respecto a la calidad asistencial que prestan.