Los médicos funcionarios en Castilla-La Mancha no aceptan que el gobierno los convierta en estatutarios

Así de contundente es el título, porque así de contundente es la información, un No rotundo se ha escuchado por parte de quienes tienen empleo de médicos en Castilla-La Mancha, precisamente, como funcionarios, la queja especifica es no ser convertidos en estatutarios.

Desde aquí, ya hemos dado cuenta de que el plan de recortes impulsado desde el Gobierno central, ha encontrado más voces en contra que a favor, sin embargo, aún se continúa en la tarea de ahorro, y con ello, se están incorporando y dando a conocer más medidas de ajuste, con lo cual se están encontrando más personas que se oponen.

Ahora, es en Castilla-La Mancha donde quienes se dedican al trabajo de médico, en calidad de funcionarios, han manifestado su descontento y oposición a una nueva medida que se quiere implementar desde el gobierno de Mariano Rajoy y desde la Generalitat de dicha comunidad autónoma.

Básicamente, lo que sucedió fue que los médicos funcionarios de la región rechazaron la medida del Gobierno central, que debe aplicar el regional, para convertirlos en estatutarios, por este motivo acordaron emprender acciones de presión, con el apoyo además del otro colectivo afectado, el de los enfermeros funcionarios. El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha fue el encargado de comunicar la decisión de no quedarse de brazos cruzados ante tal situación.

La disposición adicional decimosexta del Real Decreto-ley 16/2012, se creó bajo el plan de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, además de  mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones que realiza, sin embargo, aquellos que hoy tienen empleo de médicos como funcionarios opinan lo contrario.

Según los profesionales sanitarios, la medida resulta una amenaza a los médicos titulares o funcionario; viola las competencias de las CC.AA; miente a los funcionarios, dado que se le aplica el calificativo de urgencia para conseguir la sostenibilidad del sistema, pero se aplaza la decisión para siete meses después; implica más gasto público y menos eficiencia, porque  debe recolocar a 10.000 médicos funcionarios; no es una medida que garantice la calidad, o la sostenibilidad del sistema y genera mucha incertidumbre acerca de cómo quedarán las pensiones de los afectados.

Por todo ello, es que se piensan tomar medidas de presión, no sólo se trata de plantear una queja ante el organismo competente, sino además, recurrir a vías legales, luego de evaluar el asunto detalladamente.

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